Desenmascaran red de Falsificadores de títulos de Propiedad cuyos integrantes demandaron a Jean Alain Rodríguez, Bolívar Sánchez, Milcíades Guzmán Leonardo y otros tres fiscales por aplicarles las leyes. - SIN NADAQUEOCULTARRD.COM

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viernes, 26 de febrero de 2021

Desenmascaran red de Falsificadores de títulos de Propiedad cuyos integrantes demandaron a Jean Alain Rodríguez, Bolívar Sánchez, Milcíades Guzmán Leonardo y otros tres fiscales por aplicarles las leyes.

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Santo Domingo.- Se trata de una red encabezada por el empresario Esteban Frías Tejada.

La banda que en represalias por el accionar en su contra del Ministerio Público, señaló por un alegado abuso de poder al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y al ex inspector de la Procuraduría General de la República, Bolívar Sánchez.

El ingeniero Frías, propulsor del proyecto “Residencial El Dorado”, ubicado en los alrededores de la Ciudad Juan Bosch.

En su afán vengativo contra la Justicia, también señalan al actual procurador fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán Leonardo; además a Andrés Marte, Odalys Agramonte y Héctor García, tres fiscales de la Unidad de Falsificaciones de la Fiscalía de Santo Domingo Este.

La Inspectoría General del Ministerio Público desestimó la querella.

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Una fuente de alta credibilidad detalló que la verdadera realidad del caso es que Esteban Frías Tejada, es señalado como el cabecilla principal de una red de falsificadores de firmas privadas, documentos de títulos de propiedad y documentos públicos.

La información indica que junto a Julio Gómez Zarete, Juan Alberto Báez Franco, Francisco Antonio Trinidad Medina y Franklin Antonio Castro, quien hasta el momento está prófugo, se dedicaban a despojar a propietarios legítimos de sus inmuebles con el objetivo de comercializarlos en costosos proyectos.

El terreno el cual él pretende apoderarse está ubicado en los alrededores de la Ciudad Juan Bosch, donde pretende construir el proyecto “Residencial El Dorado", cuyo valor del terreno supera los RD$300 millones de pesos, según avalúos hechos por los mismos supuestos propietarios.

La fuente explica cómo ocurrieron los verdaderos hechos, “La estafa se puede evidenciar con una certificación de la Dirección de Impuestos Internos, donde hacen constar que los terrenos que intentaba pagar la víctima, una vez finalizado el proceso de pago de los impuestos, no se podía realizar ya que el pago de dicho traspaso había sido realizado a favor del contribuyente PREBRACEX SRL, a través de cuatro ventas que contenían la totalidad de los terrenos, empresa en la que figuran como inversionistas las cinco personas ya antes mencionadas, venta que fue paralizada”, dijo.

De la misma forma, explica que cuando el ingeniero Tejada realizó el supuesto acuerdo amigable y lo depositó en el tribunal, hizo constar que dividió el terreno en 18 títulos, lo realizó con una cedula de la víctima, cuyo documento certificó la Junta Central Electoral, que todos los datos estaban alterados.

Para evidenciar la compra, Frías Tejada presentó un supuesto acuerdo amigable entre él y el hoy querellante Burgos De La Rosa, acuerdo que según la víctima no recuerda haber firmado, por tal motivo, el mismo fue tomado como evidencia por el Ministerio Público, y enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF), para determinar su autenticidad en la experticia caligráfica.

El INACIF certificó que la firma de la víctima había sido falsificada, así como también se determinó que la firma de la antigua registradora de títulos de propiedad, Rosabel Castillo, fue plagiada de igual forma.
El falsificador, presentó también tres contratos de compras por medio de tres testaferros, quienes luego aparecen vendiéndoles la propiedad a la empresa Prebracex, SRL, evidencia que también fue desmentida por el INACIF, lo que demuestra un evidente entramado societario, para adjudicarse como dueños de los terrenos en los cuales Esteban Frías ni siquiera figura como comprador.

Por esta razón el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, encontró motivos y elementos de pruebas suficientes que probaban la imputación presentada por el MP, por lo cual los encartados resultaron condenados a cinco años de prisión y el pago de RD$5 millones de pesos, acogiendo en todas sus partes la querella presentada por la víctima.

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