La judicialización de la política.
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Por José Francisco Peña Guaba
Es una pretensión atrevida de quien escribe sin ser un profesional del derecho, tratar de evaluar o desdibujar el fenómeno de la actualizada y al parecer común judicialización de la política en el mundo de hoy.
El poder creciente del sistema judicial sobre el Ejecutivo o el Legislativo es tipificado como el nuevo “Gobierno de los jueces”, donde la falta de credibilidad de los otros poderes ha hecho del Poder Judicial el más prestigioso, eficiente e imparcial para juzgar todo tipo de conflictos; incluyendo casos políticos, en donde la política y el endeble sistema de partidos no es capaz de por sí mismo resolver sus controversia.
La combinación del proceder correcto de un Ministerio público, más lo que imparten justicia la “nueva oligarquía de togados” que toman importancia fundamental, porque sus acciones establecen el devenir de las políticas públicas y el cumplimiento fiel de los derechos ciudadanos y los preceptos constitucionales.
Cuando hablamos de judicializar la política es cuando el sistema judicial tiene que decidir cosas que debieran ser de la competencia exclusiva de la clase política, para sentar las bases de la conductas de los que ejercen el poder, sus limitaciones y las penas a las que están expuesto todo aquel funcionario que crucen las líneas rojas.
El sistema judicial le tocaría servir de árbitro social para dirimir diferencias e impartir justicia a todos los ciudadanos por igual, siempre y cuando su accionar sea verdaderamente independiente del Poder Ejecutivo o de influencias políticas e ideológicas, cosa que en países como el nuestro es todavía impensable lograr, porque sobran los ejemplos, el más ilustrativo y popular ha sido el supuestamente correcto caso del Juez Sergio Moro, en Brasil que encarceló a medio Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y al propio expresidente José Ignacio Lula Da Silva, evitando con ello que este ganará las últimas elecciones presidenciales del año 2018;y fortaleciendo al sector de la derecha del hoy presidente Jair Bolsonaro, que en premio a los servicios recibidos, lo designó Ministro de Justicia. Sin embargo, ahí comenzó el pueblo a advertir que su prédica de justicia seria e independiente no era ni tan seria ni tan independiente, y se inició un gran cuestionamiento que terminó con ser investigado el propio Juez Moro y todo su equipo, donde se ha demostrado que actuó con interés dañino, subjetivo y parcial en contra del presidente Lula y sus funcionarios.
Después de lo explicado, es preciso cuestionarnos ¿si verdaderamente nuestro sistema judicial se encuentra alejado del poder? ¡pues claro que no!, porque son designados por quien detenta el poder de turno, y siempre ha sido así, antes y ahora en diferente formas pero, con igual resultado; la única vez que se dividió los intereses judiciales, el Ministerio Público de la judicatura, fue en el 1978, que para llegar al Gobierno, el PRD aceptó entregarle el control del Senado al Partido Reformista y al Dr. Balaguer como forma de controlar sus miedos ante los tantos hechos judicializables cometidos y con ello otorgar el poder de designar la casi totalidad de los jueces que a la sazón era de la competencia de la cámara alta.
Después de ahí todos los Gobiernos han designado en los altos tribunales de la República, por lo cual está claro que existe una relación cercana entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, partiendo del hecho que nadie es tan incauto como para nombrar enemigos y desafectos en contra del Gobierno en esas posiciones sin embargo, eso no es obra solamente de acciones vernáculas, porque en EUA en las vacantes que se presenta a la Suprema Corte de Justicia, el presidente de turno siempre postula a juristas identificados con su partido, causa e ideología, por lo cual el concepto de la imparcialidad en la selección de los integrantes de los sistemas judiciales es solo una quimera.
Siempre la justicia (Ministerio Público y jueces) han estado al servicio del poder, solo hay que hacer memoria de los infaustos doce años para no hablar de la dictadura Trujillista, que fueron estos los que validaron con imputaciones alegres y sentencias abominables las prisiones de carácter político a todo lo más excelso y granado de la juventud de la época que enviaron a las ergástulas del régimen a todo los disidentes a sus ideas o al partido oficial.
Es la misma justicia que llevó a prisión al expresidente Jorge Blanco y a medio Gobierno del PRD por orden del presidente Balaguer, y es la también la justicia que no actuó nunca porque enmudeció contra los funcionarios reformistas de los doce años ni de los últimos diez años de los Gobiernos del Dr. Balaguer, producto de un acuerdo electoral con el PLD en el año 1996 con el “Frente Patriótico”, sí aquí se quiere desdecir lo que aquí expresó, solo hay que ver como mandaron a su casa al Dr. Guillermo Moreno, Fiscal del Distrito Nacional, cuando oso notificar al Dr. Balaguer para accionar legalmente contra él, contraviniendo la línea oficial y de sus superiores en el Ministerio Público.
Con judicializar la política inicia un controvertido círculo del odio, y la venganza que termina siempre por llevarse a la clase política y también al sistema judicial, porque terminan a efecto del manejo imprudente de ambos, todos desacreditados, veamos lo que está pasando actualmente en el Perú y en Brasil, que es posible que también pase en España si no se dirimen los asuntos políticos por la sociedad, fuera del ámbito de los tribunales porque de no ser así, se pone en riesgo la misma integridad territorial del Reino.
Lo peor de todo, es que se busca siempre desacreditar a los políticos para alejarlos de la estima popular, porque los antipolíticos de la sociedad civil y de las anónimas redes sociales lo que buscan es sustituirlos, porque a sabiendas que es un problema afín a toda la sociedad en su conjunto solo mencionan políticos sin distinguir que en todos sus operativos de anticorrupción llevados a cabo lo menos que hay es verdaderos dirigentes de los partidos porque militares y hasta pastores de Iglesias hay, pero, eso no son los importantes a señalar.
Cuando se habla de oligarquía la justicia mira para otro lado, porque la demanda social solo quiere a los políticos y relacionados, o sea los corruptos pero, caprichosa y misteriosamente no a los corruptores que son los causantes del gran timo nacional realizado y que son los verdaderos dueños de las inmensas fortunas producto de toda la corruptela dominicana.
Como en los circos romanos el pueblo quiere sangre en la arena, y se le está dando, solo que al pasar del tiempo serán intercambiados los papeles, porque solo hay que tener un poco de paciencia y esperar como pasarán los verdugos a víctimas y las víctimas a verdugos, es imposible que eso no pase por lo voluble de nuestro electorado, que hoy condena a unos y exalta a otros pero, que después hace todo lo contrario, tontos aquellos que no conocen cómo actúan las masas y el ejército digital de disconformes que a fuerzas de nunca estar satisfecho vivirán siempre buscando un culpable a su frustración y a quien descargarle en su momento su profusa indignación.
Admiro todos aquellos que se exponen a controversias brindándole un servicio al Estado que ni protege, ni valora, ni quiere, ni odia a nadie, que solo le sirve a los designios de los amos de turno y que actúan hoy en contra de unos, mañana en contra de otros, el que se mete en los asuntos de la política solo saldrá embarrado porque ese es el círculo vicioso del poder en nuestro país, donde los únicos que han permaneció en la tranquilidad de sus casas y en sus camas sin pisar nunca un cuartel ni un tribunal fueron los trujillistas y los balagueristas, que se empeñaron en garantizar para siempre su impunidad y al parecer habidas cuentas lo lograron.
Pero ya eso no es posible en el nuevo mundo de hoy, por lo efímero y relativo que es el poder y solo se estarán protegidos los que lleguen a él mientras le dure la gestión, porque cuando se pierden las elecciones se pierde en un abrir y cerrar de ojos todo, para muestras sobran botones con el otrora poderoso e invencible PLD.
Los asuntos políticos se deben dirimir con Pactos Políticos y Sociales, con un justo papel de la justicia, que busque sobre todo recuperar lo hurtado, más que penas que terminan con no cumplirse y que permiten justificar posteriormente sus patrimonios a los imputados, la defraudación lo primero que debe buscar es compensar al Estado lo perdido, no victimizar con el tiempo a los encausados con penas previas que terminan siempre desacreditando los procesos.
Mi estimado presidente Abinader, cumpliendo una promesa de campaña, ha puesto al frente del Ministerio Público a abogados prestigiosos, serios y con vocación de servicio público pero, que no conocen los entramados de la política y del poder, porque éstos pueden posteriormente ser sacrificados para salvarse los políticos, cuando lleguen “las horas de los hornos” que rememora un film argentino que retrata “la crónica de la resistencia y del Peronismo”.
Estoy totalmente en desacuerdo con la medida de coerción de prisión preventiva previas de un año y hasta año y medio porque ello se debe imputar casi como una condena, la libertad es un derecho inalienable y sí existe arraigo todos debieran en libertad preparar sus defensas, porque al que está preso se le dificulta la vida, imaginen su particular defensa, porque deberían embargarles casi todos sus bienes y dejarlos que puedan probar su inocencia, mientras el Ministerio Público pruebe simultáneamente su culpabilidad, al final si no han asesinado a nadie y el Estado tiene en sus manos los recursos supuestamente ilegalmente obtenidos, porque no cumplir con el debido proceso sin conculcarse los derechos básicos de los imputados.
La justicia para ser justa que es lo que debe buscar ¿espectacularidad o real solución? estamos en una isla y es dificilísimo violar una restricción, el Estado tiene un control casi total de los ciudadanos, los organismos investigativos tienen información sensitiva de casi todos los que habitan esta media Isla, porque los viejos sistemas de caliesaje siguen intactos pero, ayudados ahora por la tecnología que les permite saber todo lo que pudiesen hacer los imputados mediante intercepciones telefónicas y dispositivos de rastreo, que colocados le controlan su radio de acción y movimientos.
Las acciones que buscan humillar a los imputados traerán problemas futuros de todo orden, porque estos países son amorales y han llevado al poder hasta criminales, imagínense a acusados de corrupción, en una Nación donde esa condición es la más grande de todas las pandemias, donde todos los que están envueltos en la búsqueda del poder aunque sea de los poquísimos honestos, siempre tienen sus corruptos favoritos a los que ellos siempre protegerán porque a la solidaridad, amistad y familiaridad les importa poco dicha situación .
La política tiene que buscar formas para adecentar la vida nacional y crear un marco de regulación que disminuya sustancialmente el cáncer de la corrupción, solo así se podrá lograr que todos lo cumplan de igual manera, ahora quede claro que mientras la política electoral sea tan cara y el clientelismo predomine a todos los niveles la corrupción, se mantendrán no lo duden, porque alguien tendrá que pagar los gastos inmensos de las campañas y de la obtención de los cargos electivos, porque está clarísimo que será pagado con recursos del Estado o por el narcotráfico y el lavado.
Expone el prestigioso politólogo y profesor e investigador de la Universidad Nacional de México (UNAM) Daniel Tacher Contreras, el define la judicialización de la política como la corriente analítica enfocada a estudiar el uso estratégico de las instituciones judiciales y sus efectos en el creciente número de problemas políticos que son resueltos en el ámbito judicial.
Para que la judicialización de la política sea una práctica estratégica, medio o forma de activismo, está requiere de un sistema judicial razonablemente independiente y reconocido por la opinión pública. Se explica que la importancia de la judicialización de la política está relacionada con la expansión de regímenes democráticos que suponen la desconcentración del poder entre ramas y niveles del Gobierno, como entre instituciones del Estado. A este proceso implica la existencia de un poder apolítico que defienda la Constitución, cuyo papel es ser árbitro imparcial de litigios relativos al alcance y naturaleza de las normas fundamentales del juego político.
Como aquí deja sentado el profesor Tacher, la imparcialidad es una condición obligatoria para impartir una sana justicia, porque una justicia vengativa y desproporcionada en sus decisiones solo alimentará odio y retaliación de los afectados que buscarán resguardo en los que tienen posibilidad de ganar las próximas elecciones, para cobrar venganza contra los involucrados del ámbito político y judicial, y es eso lo que llamé en mi artículo anterior como “El circulo fatal de la venganza”.
Aunque sé de las buenas intenciones del presidente Abinader y de la idoneidad del equipo del Ministerio Público; no duden que al pasar el tiempo cada día más existirá una ciudadanía digital convencida de que existen particulares intereses, que es cebarse contra los que estuvieron en la gestión anterior del expresidente Medina, y terminará acusándolos la clase política y una parte importante de la población de estar parcializados, y su inmenso trabajo de adecentamiento y persecución a la corrupción administrativa será un esfuerzo perdido por no tener en cuenta que sin odios, desafecciones personales y en cumplimiento fiel del debido proceso se deben impartir justicia verdadera, para que sus correctas y justas decisiones tengan autoridad moral en el tiempo.
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