DESALOJO EN LA CALETA.
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POR: JHONNY ENCARNACIÓN
La Caleta- La defensa de la propiedad privada no puede ser un discurso vacío ni una simple herramienta legal utilizada solo cuando conviene. En nuestro municipio de La Caleta, muchas familias y ciudadanos trabajadores han invertido sus ahorros, esfuerzo y años de sacrificio en terrenos que luego terminan envueltos en conflictos legales, desalojos y pérdidas irreparables.
Lo más preocupante es que, mientras estas situaciones ocurren, las autoridades municipales muchas veces actúan con indiferencia o reaccionan tarde, permitiendo construcciones, negocios y grandes inversiones en terrenos con situaciones irregulares. Al final, el ciudadano común es quien paga las consecuencias.
No es justo que una persona venda su motor, hipotecque su casa o invierta el dinero de toda su vida para levantar una vivienda o un pequeño negocio, y luego descubra que el terreno no tenía las condiciones legales correspondientes. Tampoco es justo que las instituciones que deben orientar, supervisar y proteger al pueblo se limiten únicamente a defenderse públicamente cuando explota el problema, en lugar de asumir responsabilidades preventivas.
La verdadera función de una alcaldía y de las autoridades no es solo reaccionar ante las crisis, sino prevenirlas. Gobernar también significa garantizar orden, transparencia y seguridad jurídica para los ciudadanos.
Cuando las instituciones fallan en orientar y fiscalizar correctamente, se crea desconfianza en el sistema y se destruyen sueños de familias humildes que solo buscan progresar de manera honesta.
Hoy hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se fortalezca la supervisión territorial, se transparenten los procesos y se proteja realmente al ciudadano antes de que invierta en propiedades con conflictos legales. El pueblo necesita instituciones responsables, humanas y comprometidas con la verdad.
La Caleta merece organización, planificación y respeto a la gente. No podemos seguir permitiendo que los errores administrativos y la falta de control terminen destruyendo el patrimonio de hombres y mujeres trabajadores.
Defender al pueblo no debe ser un discurso político; debe ser una responsabilidad moral y administrativa.
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